Violencia disfrazada de justicia: el peligro de los grupos anti-gentrificación radicales.

Violencia disfrazada de justicia: el peligro de los grupos anti-gentrificación radicales.

En los últimos meses, y de forma más alarmante en los últimos días, hemos sido testigos de cómo ciertos grupos autodenominados “anti-gentrificadores” han escalado su discurso en acciones violentas: destruyen negocios locales, rompen vidrios, agreden a extranjeros que viven en México, y ahora incluso han atentado contra un espacio emblemático de la cultura como el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) en Ciudad Universitaria.

Lo que comenzó como una supuesta “crítica a la gentrificación” –un fenómeno complejo que sí merece análisis y regulación adecuada– se ha convertido en una excusa para el vandalismo, la agresión y el caos. Estos actos no representan una lucha por la justicia social, sino una estrategia violenta y profundamente autoritaria de quienes se niegan a construir diálogo y optan por la destrucción como única forma de acción política.

Más preocupante aún es que muchos de estos grupos actúan con la protección tácita —o incluso abierta— de facciones vinculadas al partido en el gobierno, Morena. Se hacen llamar “activistas”, pero en realidad funcionan como grupos de choque, como los clásicos porros de otras épocas, ahora vestidos con discursos de izquierda radical. Atacan la inversión, dinamitan la convivencia y siembran el miedo entre vecinos, comerciantes y visitantes, especialmente cuando el blanco son personas extranjeras, en una expresión clara de xenofobia disfrazada de defensa territorial.

La gentrificación —cuando es descontrolada— puede tener efectos negativos en las comunidades, sí. Pero combatirla con violencia no sólo es ilegítimo, también es profundamente hipócrita. Muchos de estos “revolucionarios de café” utilizan redes sociales, tecnología extranjera, se benefician de becas del sistema que critican, y viven en barrios que ellos mismos han contribuido a transformar. Su discurso es incoherente, pero sus consecuencias son reales: intimidación, daños a patrimonio público, cierre de negocios y una fragmentación social que retrocede décadas de convivencia y progreso.

El ataque al MUAC no es un acto de protesta, es un acto de barbarie. Es la evidencia de que se está permitiendo —e incluso alentando— una deriva autoritaria en nombre del cambio. Y el silencio cómplice de las autoridades es igualmente preocupante.

México necesita justicia social, sí. Pero no necesita más fanatismos, ni ideologías autoritarias que usan la pobreza como bandera para justificar la violencia. No podemos permitir que el resentimiento se institucionalice como política pública. El verdadero cambio se construye con responsabilidad, legalidad y respeto, no con piedras, incendios ni discursos de odio. 

Txt: Fernando Arroyo